Miércoles, 15 Octubre 2014 20:53

La guardia civil que tiroteó una gasolinera se enajenó por un curso

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Noticia de EL Mundo. El juicio lo hizo Carlos, lo ganó; es sobre el caso de la Guardia Civil que tiroteó a clientes en una gasolinera al creer que eran terroristas. Sufrió un "trastorno psicótico breve", casi mató a uno, pero quedó absuelta por falta de culpabilidad debido a este brote.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a instancias de la Fiscalía General del Estado, ha abierto diligencias para investigar si la cesión de locales públicos para la celebración del 9N puede ser constitutiva de delito, han informado a Efe fuentes jurídicas. Según las mismas fuentes, se trata de investigar si la cesión de locales municipales, centros educativos públicos u otras instalaciones dependientes de las administraciones públicas para instalar urnas podría suponer un delito, después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido el proceso.

Esta misma semana, el TC acordó por unanimidad suspender el proceso participativo convocado por la Generalitat para mañana, así como todas las actuaciones relacionadas con el mismo, a pesar de lo cual los promotores han decidido seguir adelante con el denominado «proceso de participación ciudadana».

La previsión de la Generalitat es que mañana se pueda votar en 942 de los 947 municipios catalanes, en concreto en 1.317 locales con 6.695 mesas con más de 40.000 voluntarios. Para llevar a cabo este proceso, se cuenta con la colaboración de los funcionarios que se hayan inscrito como voluntarios, aunque no tendrán «ninguna tarea especial», según la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega.

El Gobierno central, a través del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha planteado ante la inminente consulta que si la Generalitat no interviene en la misma, no actuará. «Si el Gobierno de la Generalitat no promueve actuaciones en el desarrollo de una consulta no autorizada, no parece que sea necesario requerir ante el TC ni a los jueces y tribunales para actuar, porque no hay infracción del ordenamiento jurídico», expuso el ministro.

Ante este planteamiento, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, decidió ayer ceder el protagonismo y «la ejecución» de la consulta a los voluntarios, si bien mantendrá su «responsabilidad» en el proceso y les amparará.

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